Adrián Ventura
LA NACION
Martes 12 de mayo de 2009 | Publicado en edición impresa
Con una sentencia no se ganan unas elecciones. Denunciar ante la Justicia las irregularidades sirve para no consentir atropellos a la Constitución nacional. Pero los comicios se ganan en las urnas.
No es la primera vez que se formulan acusaciones ni será la última. Carlos Menem denunció fraude antes del ballottage de 2003 y la UCR lo hizo en 2005, cuando dos candidatas peronistas, Hilda Duhalde y Cristina Kirchner, aspiraban al Senado.
Ahora, la UCR, con un escrito elaborado por Ricardo Gil Lavedra, denunció las listas testimoniales y objetó que Néstor Kirchner se presente por un distrito donde no tiene su domicilio, mientras Francisco de Narváez (PJ-disidente) busca la salida de los tribunales y probar que no tiene nada que ver con la efedrina. En 2005, otra acusación oficial falsa debilitó la candidatura de Enrique Olivera.
El Gobierno es victimario. Pero la historia la hacen los que ganan.
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En una democracia decide la mayoría numérica. Pero la Argentina, como lo dice el nombre propio del país, es una República. Esto significa que la democracia debe desarrollarse dentro de ciertos parámetros establecidos por la Constitución.
Sin embargo, la historia nacional sabe poco de límites: conoció el voto cantado hasta 1912, los fraudes de los años treinta, la proscripción, el clientelismo, el voto en cadena, las listas colectoras, los borocotós y otros muchos artilugios. Las listas testimoniales, hoy por hoy, son el más sofisticado modelo de los desaguisados .
Entonces ¿para qué sirve denunciar estos nuevos atropellos? Para no consentir pasivamente el estrangulamiento de nuestras instituciones.
Pero, fuera de ello, nadie abriga esperanzas de que el juez federal Manuel Blanco vaya a invalidar esas candidaturas.
A lo sumo, la Cámara Nacional Electoral, que no mira con simpatía estas maniobras, quedará en un brete: opta por la letra y el espíritu de la transparencia constitucional o se muestra inhábil para frenar un sistema político desmadrado, donde la sociedad espera que los jueces corrijan a políticos que la sociedad no condena.
Más allá de esa frontera legal, son los políticos lo que deben presentar programas de gobierno más atrayentes y son los electores quienes, con su control y su voto, pueden castigar o premiar"
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