Nuevas interferencias del Gobierno paralizan el comercio granario al tiempo que debilitan a las entidades del agro
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) acaba de agregar nuevos instrumentos administrativos al comercio de granos, que comenzaron en enero pasado con la exclusión de la participación de la Federación Agraria y centros de acopiadores en la emisión de las cartas de porte que deben acompañar el transporte de la producción de cereales y de oleaginosos. El cumplimiento de esa decisión perturbó el movimiento de las cosechas.
La misma dependencia anunció que, a partir del 1º del corriente mes, asumiría el registro de las operaciones de compraventa de los mismos productos, que hasta entonces estaban a cargo de las Bolsas de Cereales. Adujo la dependencia a cargo de Ricardo Echegaray que al hacerlo gratuitamente brindaría un beneficio para los agricultores en tanto que el Estado introduciría una mayor transparencia en el mercado y reduciría la evasión impositiva.
Actualmente, la AFIP ha puesto en vigor el código de trazabilidad de granos, un requisito complementario de las cartas de porte mencionadas. Este requisito, que debe tramitarse por medio del sitio de Internet de la dependencia recaudadora, terminó por desarticular el andamiaje creado y paralizó una gran proporción del transporte de granos todavía en plena de recolección de soja y de maíz, que constituyen los cultivos más importantes.
Es procedente preguntar las razones que avalan la introducción del sistema sintéticamente mencionado. Si se trata de aportar transparencia al comercio de productos agrícolas, el resultado, a cuatro meses de su primera implantación, no puede ser más desalentador.
Si se pretende reducir la evasión impositiva, sus efectos, según los comentarios prevalecientes, han sido totalmente contrarios. El citado funcionario agrega que una legión de productores se verán liberados de adherirse a medidas de protesta a las que hasta ahora los atrapaba por la adhesión a las huelgas por parte de las Bolsas de Cereales a las que debían concurrir para formalizar sus operaciones. Nada de eso tiene sustento.
Lo que debe darse por seguro es que se ha introducido una perturbación de las operaciones de cosecha, transporte y comercialización de cereales y oleaginosas, que están siendo perjudicadas por aumentos de costos en toda la cadena productiva. Y tal vez en ciertos casos con erosión de la calidad de los productos transportados. Hay otros daños no menos importantes, como la monopolización del servicio prestado, ahora con el correspondiente costo para el Estado.
Se han reducido, en cambio, los ingresos de la Federación Agraria y de los centros de acopiadores en el caso de las cartas de porte y las de las Bolsas de Cereales en el caso del registro de las operaciones. Los productores que deberían ser los beneficiarios al recibir un servicio gratuito son, a la luz de lo que ocurre, los más dañados, tal como lo muestran sus reclamos.
Dos consideraciones adicionales. Por un lado, quien ha impulsado esta operación fue hasta hace poco tiempo el presidente de la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuaria (Oncca), que constituyó un vehículo de intensa y perturbadora intervención estatal en otras esferas del comercio de granos, por conducto del llamado ROE Verde, con similares efectos por medio del ROE Rojo en las carnes vacunas y del ROE Blanco en la economía láctea.
Por otro lado, es fácil sospechar que las resoluciones que afectan tanto a la Federación Agraria como a las Bolsas de Cereales tienen un claro propósito destinado a debilitar la organización institucional del agro, sector fundamental al que el Gobierno, en lugar de tratar como a un socio, lo ataca como a su peor enemigo."
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